Ante un Juzgado Administrativo fue radicada una Acción Popular que pide la suspensión inmediata del Contrato 78 de 2023 firmado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa OCESA Colombia S.A.S., mediante el cual se entregaron en arrendamiento los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar donde hoy se adelanta la construcción del escenario “Vive Claro Distrito Cultural”.
La medida interpuesta por la concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo Mónica Naar, solicita decretar medidas cautelares urgentes, como la suspensión del contrato y la orden de terminación anticipada del mismo, con el fin de evitar perjuicios irreparables para la ciudad, el espacio público y el interés general.
Por otro lado, la acción judicial busca que las autoridades judiciales revisen de fondo la forma cómo fue realizado el contrato, pues las leyes colombianas no permiten que se entreguen bienes del Estado para que se realice en ellos una explotación económica de manera directa, sino a través de un proceso licitatorio mediante concesión o una Asociación Público-Privada (APP) (Ley 80 de 1993 y Ley 1508 de 2012).
“Las irregularidades de este contrato empiezan desde su propia concepción. El contrato ha sido presentado como un arrendamiento de los Lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar, pero en realidad dadas las características del predio y el monto del contrato, era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia y OCESA lo hicieron, saltándose todas las leyes y procesos de contratación estatal, eludiendo los procedimientos de licitación y selección objetiva que exige la ley” señaló la concejala Rivadeneira.
El contrato celebrado el 28 de noviembre de 2023 permitió a OCESA hacer uso exclusivo de más de 249 mil metros cuadrados de espacio público durante cinco años, con derecho a realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir estructuras permanentes, todo por un canon mensual de $361 millones, sin participación en ingresos ni incentivos de desempeño. Además, el contrato fue adjudicado de manera directa con base en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación, sin estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de otros oferentes.
Además, el contrato fue adjudicado de manera directa sin estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de otros oferentes.
“Estamos a favor de que existan escenarios para el disfrute de los ciudadanos y que éstos contribuyan en la generación de impactos económicos positivos para la ciudad, pero lo que no podemos permitir es que, para lograrlo, se salten todos los procedimientos legales establecidos, que lo que buscan justamente es dar transparencia a las actuaciones entre públicos y privados” expresó Ribadeneira.
Otra de las alertas es sobre la ausencia de licencias de construcción, a pesar de las intervenciones físicas ya realizadas por OCESA en los predios, incluyendo cerramientos y estructuras modulares que modifican el espacio público.
“La forma en cómo está concebido el proyecto: sin licencias, sin permisos, sin la vigilancia de las autoridades distritales, pone en grave riesgo la integridad de los ciudadanos. ¿Quién va a responder ante una emergencia?”, manifestó la edilesa Naar Pardo.
También se solicitó que entidades como la Alcaldía de Bogotá, el IDIGER, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería y el Comité del Parque Simón Bolívar sean vinculadas en el proceso para que ejerzan su rol de vigilancia.
Oficina prensa Quena Ribadeneira: 3132482610
