El Distrito Capital a través de la UAESP venía ofreciendo diversas subvenciones o ayudas económicas para las personas en condiciones de vulnerabilidad, específicamente para el acceso a los servicios funerarios en los cuatro cementerios que son propiedad de la ciudad, a saber, el cementerio Central, el cementerio Distrital del Norte, el cementerio Distrital del Sur y el cementerio Parque Distrital Serafín, con descuentos desde el 75%, 85% y 100% de la tarifa de los servicios denominados por la entidad de “destino final” concernientes a los de inhumación, exhumación y cremación.
En la Administración distrital de Carlos Fernando Galán los servicios funerarios quedaron a la deriva, sin una dirección clara de los mismos y sin orientaciones con respecto a la continuidad de las políticas anteriores de la entidad. Un ejemplo de ello es que no se contempla en este nuevo Plan Distrital de Desarrollo (PDD) “Bogotá camina segura” 2024-2027, el dar nuevos apoyos económicos por parte de la UAESP a las personas vulnerables que no tienen la capacidad adquisitiva para acceder a estos servicios.
La directriz de que la Dirección de la UAESP sea la que asuma las funciones relacionadas a los servicios funerarios, está consignada en la resolución UAESP No. 116 del 2024, cuando estas siempre han estado a cargo de la Subdirección de Alumbrado Público y Servicios Funerarios. Según la entidad esto se realiza con la finalidad de hacer un seguimiento y control más exhaustivo de los contratos suscritos, específicamente el contrato de concesión No. 415 del 2021 con la Sociedad Jardines de Luz y Paz SAS, por las grandes problemáticas que hoy tiene la operación de este contrato, pues como es de conocimiento público, existen denuncias penales e investigaciones en la Fiscalía General de la Nación que comprometen a la Administración anterior, a causa de que el operador no ha manejado adecuadamente los dineros recaudados de las tarifas del servicio. No obstante, esto no es una razón de peso para que se descuiden los demás temas relacionados con los servicios funerarios.
En la práctica, se están generando problemas organizativos dentro de la institución quedando a la deriva la toma de decisiones con respecto a estos servicios. Incluso, la comunidad viene denunciando que se han dejado de recibir las subvenciones entregadas por la UAESP para los servicios públicos funerarios de “destino final”.
El alcalde Galán ni siquiera pensó en la continuidad de estas subvenciones o ayudas económicas entregadas por la entidad, simplemente continuó con la entrega de los subsidios para servicios funerarios centrados por la Secretaría de Integración Social, que recordemos empezaron en el año 2020 a raíz de la emergencia social y que si bien incluye algunos temas de destino final, como los incluía la UAESP (inhumación y exhumación), solo se prestan en el cementerio privado del Apogeo y no incluyen temas de cremación, solo elementos de velación, cajones funerarios, entre otros. Esto implica que se olvide la capacidad de atención que pueden tener los cementerios del Distrito a partir de la UAESP, así como el acceso al servicio de cremación, dejando sin la oportunidad de escoger a las personas más vulnerables cuál será el destino final de sus familiares fallecidos y disminuyendo la capacidad de atención a estas poblaciones.
Adicionalmente, la UAESP dice que a pesar de que no quedaran incluidas en el PDD estas subvenciones, el Contrato de Concesión No. 415 del 2021, suscrito con la Sociedad Jardines de Luz y Paz SAS, establece la entrega de estas a sectores residenciales de estratos bajos y durante los próximos 5 años desde la firma del contrato que fue en el año 2021; es decir, el otro año (2025) se acabarían los recursos dados por la entidad para la entrega de ayudas a la gente más vulnerable de la ciudad, la cual terminará siendo desamparada y quedando a merced del concesionario, a pesar de las fuertes irregularidades que tiene el mismo.
En conclusión, los malos manejos administrativos de esta Alcaldía sí se ven reflejados en la afectación directa de la población vulnerable de la ciudad, las políticas neoliberales instauradas que debilitan lo público y proponen aportar de los impuestos de los ciudadanos a las ganancias de los operadores privados, demuestran una vez más las problemáticas que se presentan cuando se entrega la administración de los servicios a este sector, dificultando que se haga un control exhaustivo a la gestión y al manejo de los recursos de una forma transparente y eficiente, por el contrario, vulnera aún más los derechos de las y los habitantes. Asimismo, es claro que la población más vulnerable no es sujeto importante para el Gobierno de Galán, pues quedarán desprotegidos a causa de la falta de rigurosidad por parte de la Administración “más técnica del mundo” en la toma de decisiones que les afecta directamente. En Bogotá no se tiene derecho a morir dignamente.
