• El Proyecto de Acuerdo establece que los empleados deben presentar la declaración de renta al momento de posesionarse y retirarse de sus funciones.
• También obliga a los empleados a relacionar y registrar los conflictos de intereses a los que se puedan ver enfrentados con su condición de funcionarios públicos.
Este lunes 09 de noviembre, en el Concejo de Bogotá, se llevará a cabo el segundo debate del Proyecto de Acuerdo que presenté y que tiene como objetivo establecer la obligatoriedad en la presentación y publicación de la declaración de renta de los funcionarios del Distrito al momento de posesionarse y retirarse de sus funciones, incluyendo también el deber de realizar una actualización de la información anualmente.
La iniciativa contempla que los funcionarios electos por voto popular (concejales y ediles), los particulares que desempeñen funciones públicas, presten servicios públicos o administren a cualquier título bienes o recursos en el Distrito Capital de Bogotá, los alcaldes locales, los secretarios distritales, el veedor distrital, el contralor distrital, el personero distrital, los jefes de departamento administrativo y los representantes legales de las entidades descentralizadas, deberán presentar la declaración de renta del año inmediatamente anterior, para tomar posesión y para retirarse del cargo. Importante señalar que, de aprobarse la propuesta, el incumplimiento a las obligaciones establecidas mediante el Acuerdo acarreará sanciones disciplinarias y/o penales según lo establecido en la Ley.
Esta propuesta responde al clamor de los ciudadanos de exigir medidas eficientes para erradicar la corrupción, y que además tuvo importante relevancia en el marco de la Consulta Anticorrupción celebrada en el año 2018, en la cual 11.443.463 personas expresaron su voto a favor de la pregunta número 6 que pretendía “obligar a todos los funcionarios electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo”.
La iniciativa pretende reducir las alarmantes cifras de corrupción en el país y especialmente en la capital. Según un informe publicado en el 2018 por el periódico económico Portafolio, anualmente en Colombia, la corrupción se apropia de 50 billones de pesos; una cifra alarmante para un país donde el presupuesto de inversión para el 2018 en educación fue de 4 billones de pesos, el de vivienda de 488 mil millones y el de salud de 505 mil millones de pesos. Y es que de acuerdo con el informe de Monitor Ciudadano (Así se Mueve la Corrupción, 2019), las ciudades donde se registra la mayor cantidad de hechos de corrupción son Bogotá (7 %), Barranquilla (7 %), Bucaramanga (6 %), Cartagena (6 %) y Medellín (3 %). En la capital, el sector más afectado por la corrupción fue el de Infraestructura y Transporte.
Ahora bien, Bogotá ha sido víctima de escandalosos hechos de corrupción. En el Carrusel de la contratación, uno de los hechos más sonados en el país, se descubrió el entramado que lideraban el exalcalde Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, para adjudicar irregularmente grandes obras distritales y nacionales, incluyendo los contratos de la tercera fase de Transmilenio y la construcción de la troncal de la Calle 26 (El Tiempo, 2018). En esta última se perdieron 100 millones de dólares de acuerdo con el contratista Miguel Nule (El Espectador, 2013). Otro indignante caso fue el del cartel de empresas y fundaciones que entregaban alimentos al Programa de Alimentación Escolar (PAE) con sobrecostos aproximados de $1,5 billones de pesos (Monitor Ciudadano, 2019).
Esta medida de presentar la declaración de renta para los funcionarios públicos del Distrito también obliga a relacionar y registrar los conflictos de intereses a los que se puedan ver enfrentados con su condición de funcionario y empleados públicos; y permite la comparación patrimonial ya sea que se incremente o se reduzca y la justificación de la misma. Una iniciativa que busca promover la confianza entre los ciudadanos y las autoridades, para que sean ambos quienes ejerzan libremente la veeduría y el control que les corresponde.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y El Delito ha señalado que la corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social en todo el mundo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculó que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.
Bogotá necesita y debe avanzar en la lucha contra la corrupción, por esta razón, este Proyecto de Acuerdo resulta ineludible a la hora de aplicar mecanismos que eliminen o ayuden a evitar actos que perjudican a la ciudadanía y que obliga a las instituciones a realizar un correcto y adecuado uso de los recursos públicos.
DIANA DIAGO
Centro Democrático
