Acudimos a la acción de tutela en defensa del derecho de petición consagrado en la Constitución Política, ya que la administración distrital se negó en primera instancia a entregarnos información que afirmó públicamente tener. Entre otros elementos, solicitamos a la Secretaría de Salud un cruce de información entre las muertes por COVID-19, el estrato socioeconómico y sexo de las personas fallecidas, además de su sitio de defunción.
Un juez de la república nos concedió la tutela el día 11 de marzo de 2021 y la administración tuvo que respondernos y entregar información necesaria para poder realizar nuestra labor de control político. Allí queda en evidencia que la respuesta de la Alcaldía falló al no evitar que la pandemia fuera un elemento más de desigualdad.
Aquellos a los que no se les garantizó un confinamiento digno, que tuvieron que salir para subsistir y no se les aseguró prevención y atención oportuna, fueron los que concentraron los muertos. El 86.3% de los fallecidos por COVID-19 a marzo de 2021 se concentra en los estratos 1, 2 y 3.
Del mismo modo, dentro de los datos obtenidos se refleja que 7.100 personas fallecieron en UCI y 5.013 murieron en un hospital, pero no en UCI. En ese sentido, surge el siguiente interrogante: ¿esas 5.013 personas fallecieron debido a la baja capacidad de UCI garantizada por el Distrito, que no les permitió acceder a una atención adecuada y oportuna? Si no es así ¿Por qué murieron estas personas por fuera de una UCI?
La Alcaldía ha señalado que el número de UCI que hay en Bogotá es suficiente para atender la crisis, sin embargo, las cifras de fallecimientos sugieren otra cosa. Para que la crisis no la sigan pagando los más pobres, es necesario cambiar de rumbo.
