El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que protege la vida de líderes ambientales y representa una oportunidad para reafirmar derechos consagrados en la Constitución Política Nacional que tienen un valor ambiental. Este tratado internacional, firmado por 22 países de América Latina y el Caribe, tiene una vital importancia en nuestro país.
Los expertos consultados por diferentes medios de comunicación y ONGs consideran que el Acuerdo tiene tres objetivos importantes. El primero es que cualquier persona tenga acceso a la información ambiental, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Ministerio de Ambiente en Bogotá o de interponer derechos de petición o acciones de tutelas para garantizar que la información llegué de manera veraz y en un lenguaje claro para su fácil entendimiento. En segundo lugar, busca dejar claras las reglas de la participación ciudadana en los proyectos que tengan algún impacto ambiental. En Colombia el único requisito para entregar una licencia ambiental son unas reuniones de socialización que no son muy claras sobre cómo deben realizarse, a su vez si el proyecto dura 30 años la comunidad no cuenta con un solo mecanismo de participación.
El tercer objetivo es fortalecer las capacidades de los jueces y magistrados para que en temas ambientales se tomen decisiones acertadas y coherentes con los determinantes de biodiversidad, ecosistémicos y demás. Hoy en día a un juez de familia le puede llegar un caso sobre los derechos de la naturaleza y al no se experto en el tema se toman decisiones o se falla de manera incorrecta, por lo cual, desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio +20) en 2012, se insta a crear un nuevo pilar en la democracia ambiental y al proteger los defensores ambientales.
Este último punto es vital para nuestro país. Colombia se ha convertido en el país más peligroso para activistas y líderes sociales ambientales. Este deshonroso puesto fue publicado por la ONG británica Global Witness, donde Colombia en el 2019 aparecía en primer lugar con 64 muertes de defensores del medioambiente. Según Indepaz, con corte al 14 de septiembre, había 611 personas líderes y lideresas defensoras del medio ambiente asesinadas desde la firma del acuerdo de paz. De ellos, 332 son indígenas (custodios ancestrales de la madre tierra), 75 son afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio, 102 son campesinos defensores de territorio, 25 son líderes activistas ecologistas y 77 campesinos miembros de Juntas de Acción Comunal que se han caracterizado por la defensa de su territorio.
El estado colombiano debe analizar cada uno de los aspectos, pero ante todo darle prioridad a resolver los asesinatos de líderes sociales, no podemos seguir entre la impunidad, se debe anteponer sobretodo la justicia y la seguridad de aquellos que con su vida se han dedicado a la protección de los derechos humanos, la naturaleza y el bien común.
Urge un verdadero compromiso con el medio ambiente asegurando salvaguardar la riqueza biológica y patrimonial de nuestro territorio. Es necesario tener datos abiertos, participación igualitaria y equitativa para decidir sobre el territorio. Se necesita desesperadamente ratificar el Acuerdo de Escazú. Hoy por fin se aprobó en primer debate el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo en la comisión segunda del Senado y faltan 3 debates para culminar el trámite en el Congreso de la República por lo que seguiremos muy de cerca todo el proceso.
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