La Universidad Distrital tiene problemas financieros y es azotada por la corrupción, pero también confunde la autonomía universitaria con ''yo no tengo quién me controle''

De acuerdo al estudio realizado por el profesor Andrés Felipe Mora en el año 2018, en Colombia se observa un tímido aumento en el gasto público en educación superior, pero el volumen de recursos que el gobierno nacional transfiere a las 32 universidades públicas del país ha disminuido en los últimos 16 años, pues los gastos se han orientado más a promover las carreras técnicas y tecnológicas y a un mayor dinamismo de los créditos educativos del ICETEX^[1].

Es así como el profesor Mora indica que si Colombia quiere acercarse a los parámetros de la OCDE debe: i. disminuir la participación del crédito educativo en la financiación de la educación superior; ii. estimular los estudios universitarios más que las carreras técnicas y tecnológicas; y iii. triplicar el gasto por estudiante. Bajo este entendido, iniciativas como Ser Pilo Paga son ineficientes y de bajo impacto, que privatiza y desfinancia la educación superior pública, reproduciendo las desigualdades de clase y de origen regional de las personas.

En el escenario distrital, la problemática de desfinanciación es preocupante; pues de acuerdo a la publicación del 29 de abril de 2024 publicada por la revista SEMANA, se indica que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas enfrenta un desfalco que asciende a más de 12 mil millones de pesos, donde se presentan graves acusaciones de corrupción y manejo indebido de fondos públicos, implicando a varios directivos de la institución, incluido el rector Giovanny Tarazona.^[2]

Según lo reportado, Wilman Muñoz, quien fue director del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud) de la universidad, fue condenado por dicho desfalco, quien había desviado fondos de la Universidad para satisfacer sus intereses particulares junto con intereses políticos y económicos, incurriendo en tráfico de influencias, nombramientos irregulares y conflicto de intereses dentro de la institución.

Dicha situación, igualmente se soporta con los informes de auditoría realizados por la CONTRALORÍA distrital, los cuales arrojan hallazgos preocupantes sobre la falta de planeación y ejecución presupuestal, generando un desequilibrio financiero en la universidad. Encontrando igualmente, irregularidades en los procesos de contratación, incluyendo la falta de transparencia y la selección de contratistas sin los requisitos necesarios; contratos alejados de la realidad laboral de los docentes, los cuales asumen funciones alejadas de su labor, lo cual genera escenarios de mala calidad en la educación.

Estos impactos han sido devastadores para la Universidad Distrital, pues los recursos que fueron malversados eran fundamentales para el desarrollo de proyectos académicos y de infraestructura. Estudiantes y profesores han sufrido las consecuencias, enfrentándose a recortes presupuestarios, falta de materiales y recursos, y un ambiente general de desconfianza por la indebida destinación del dinero público. Prueba de ello, es la calificación deficiente que presenta la institución en los indicadores de desempeño institucional y en el Furag, donde los pronósticos nos indican que la universidad distrital de seguir así, en unos años tendrá que cerrar.

Es así como llama la atención la inefectividad de los controles, pues tal parece que se ha confundido el concepto de autonomía universitaria con el de “yo no tengo quien me controle” y es todo lo contrario, la autonomía universitaria se fundamenta en tener facultades más amplias, pero asimismo controles más estrictos por la amplia facultad que tienen los directivos de las universidades de gestionar todos los aspectos de estas instituciones. Esta autonomía debe venir acompañada de una regulación fuerte e instrumentos que permitan una vigilancia y control efectivos, de lo contrario se van a seguir generando escenarios adversos que ponen en peligro la garantía de los derechos de los estudiantes.

Otro de los fenómenos evidentes en la educación superior y que se encuentra directamente relacionado con las barreras de financiación, es la deserción estudiantil. Pese a que la ciudad alberga una variedad de instituciones educativas de renombre, atrayendo a miles de estudiantes cada año, la deserciòn continúa siendo un obstáculo significativo para el logro de tasas de graduación satisfactorias; según la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA, algunos de los elementos que contribuyen a este fenómeno, son factores como la situación económica de los estudiantes, la falta de competencias académicas previas al ingreso, insuficiente apoyo institucional y problemas personales.

 

En  línea con lo anterior, el trabajo de investigación realizado por Barbosa y Pinzón, en el año 2018, también evidenció que los determinantes de la deserción son los factores individuales, institucionales, académicos y el mayor número de barreras que se presentan, responden a factores socioeconómicos. Esto es una muestra de que los jóvenes de menores ingresos han sido la población más afectada por falta de apoyo financiero y por falta de oportunidades en sus familias.^[3]

Dicho esto y para concluir, se le solicita a la Administración hacer un uso adecuado de los recursos, de forma que las políticas sean costo efectivas y podamos financiar el estudio de jóvenes sin desfinanciar la universidad pública. Si se usan de manera costo efectiva los recursos, con el mismo monto se puede cobijar a un mayor número de estudiantes. El Distrito debe estar en consonancia con las demás naciones pertenecientes a la OCDE.

Partido Liberal Colombiano