La sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres, pues son ellas las principales proveedoras del bienestar y a quienes se les ha impuesto la realización, de manera exclusiva, de las tareas del cuidado no remuneradas, lo cual ha traído consecuencias en su desarrollo personal en cuanto a autonomía, ingresos, participación en el mercado laboral, entre otros.
Lo anterior, se relaciona directamente con la división social y sexual del trabajo, que se da con base en los roles de género que se consideran apropiados según el sexo en un contexto social. Es por esto que el hombre se ha dedicado a las actividades productivas (remuneradas), mientras las mujeres a las actividades reproductivas (no remuneradas), lo cual se multiplica en todas las esferas de la sociedad, manteniendo y profundizando una condición de desigualdad para ellas.
En el marco de esto, el Estado y el sector privado se han limitado a la hora de proveer bienes y servicios del cuidado, ignorando que ambos actores también son responsables del desarrollo social junto a la familia y la comunidad, quienes también aportan a la provisión de bienestar. Frente a este panorama y en armonía con la apuesta de esta Administración Distrital de diseñar e implementar el Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU) que busca reconocer, reducir y redistribuir las tareas del cuidado, vemos necesario radicar este proyecto de acuerdo donde se propone que las empresas del sector público y privado, como actores de la sociedad y responsables de bienestar, asuman el compromiso de implementar dentro de sus infraestructuras espacios adecuados para LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA COMO VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN AL SIDICU.
Esto, con la intención de garantizar de manera efectiva que las mujeres continúen vinculadas a los espacios laborales sin verse obligadas a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de terceros o, en el peor de los casos, a abandonar su autonomía económica para dedicarse de manera exclusiva al cuidado y crianza de ellas y ellos. En ese sentido, apostarles a estos cambios en la sociedad es garantizar el avance en los cambios estructurales, permitiendo una verdadera equidad de género dirigida hacia la eliminación de la feminización de la pobreza y todas las violencias basadas en género.
