La paz total parece un concepto sencillo. Son dos palabras, tres sílabas, no hay tildes, no hay palabras complejas, es fácil. Tiene todo para convertirse en slogan político, como el de una campaña de cuatro años. Paz, a la que, por mínimo principio de sobrevivencia, nadie nunca se puede oponer. Y total, palabra contundente, usada por igual en publicidad de detergentes y en muletillas juveniles. Total. Paz total. Dice todo, y dice nada.
Como todo en este gobierno, el anuncio es grandilocuente, pero vacío. Se hará la paz con todos los violentos. Se negociará todo, se otorgará todo, y se empezará por el final, por el desarme. ¿Qué se tendrá a cambio?, ¿cómo asegura el Estado seguir teniendo el control de la fuerza, una vez renuncie temporalmente a ella? ¿participaremos los colombianos de los diálogos? ¿ratificaremos al final? ¿si no nos gusta lo acordado, respetarán que democráticamente lo manifestemos? ¿también nos impondrán resultados opuestos de eventuales plebiscitos, como ocurrió en el 2016? Si ya se incumplieron por parte de las Farc los acuerdos que llevaron a un puñado de cabecillas al Congreso, manteniendo los negocios, los bienes, y una fuerza armada ilegal binacional, ¿cómo se garantizará esta vez que se cumplan los nuevos y múltiples acuerdos? No lo sabemos. No sabemos nada.
Pero vamos por partes. Es natural que el gobierno tenga la idea a medio cocinar, pues apenas lleva mes y medio. Y justamente por eso, para quienes estamos atentos a la agenda pública, fue de gran interés el lanzamiento, el jueves de esta semana, de la prometida Estrategia Integral e Interinstitucional para la Paz y la Vida.
Puede juzgar usted mismo, pero para mí esa rueda de prensa no solo fue lacónica, burocrática y aburrida, sino muy decepcionante. No hubo nada nuevo. No se anunció ni un solo proyecto de Ley. No se crearon nuevos grupos de tarea. No se anunciaron mayores recursos, nuevas competencias, o arreglos institucionales diferentes a los que funcionan hoy. No se priorizaron territorios. Ni siquiera se empezó por el mínimo inicio: saber con quién se va a hacer la paz.
Intente el lector encontrar una cifra concreta sobre cuántos grupos organizados ilegales hay. No se sabe, nadie lo sabe. Ariel Ávila, senador amigo del gobierno, exgerente de la campaña fajardista anti-oposición a Petro, sacó del sombrero una cifra, la única cifra: 50. Aparentemente, hay cincuenta organizaciones, que involucran en total entre 10 mil y 15 mil combatientes ilegales, según información de inteligencia. ¿Cómo se planea una mesa de diálogo total cuando se desconoce siquiera quién se ubicará del otro lado? y si sí son 50,
¿haremos 50 mesas? ¿nos alcanzará esta vida y la otra?
Y del resto solo hay anuncios y filtraciones. Daniel Coronel dijo el viernes que le había llegado un borrador de la, esta sí, verdadera agenda de reformas para la paz, y que dicha información la “corroboró” de reojo –como siempre- con Laura Sanabria, jefe de gabinete de Petro.
A diferencia del deslucido lanzamiento, lo de estas filtraciones sí es preocupante. Jefes pagarán muy poco, casi nada, a cambio de su sometimiento, y la tropa nada. Tendrán que entregar bienes ilícitos, pero no todos. Podrán conservar parte del botín. El crimen, en esencia, va a pagar. Como era previsible, el anuncio díscolo e irresponsable de regalarles plata a los delincuentes aúnno aparece. Un alivio, pero la impunidad de delincuentes va porque va.
Santos nos había amenazado: la guerra se trasladaría a las ciudades si no había acuerdo. Hubo acuerdo y hoy tenemos cada vez más cadáveres en bolsas en Bogotá, casas de tortura y de pique, y 282 casos de sicariato en nuestras localidades, ocurridos solo en lo que va de este año. Ya estamos en guerra. Ojalá esta nueva ola de impunidad, no termine en 6 años como la anterior, pero esta vez a escala total.
Concejo de Bogotá
