En respuesta a la problemática de la extorsión en la capital, los concejales de Bogotá Quena Ribadeneira y Óscar Bastidas han presentado un proyecto de acuerdo que busca establecer una ruta de atención integral para las víctimas de este delito en la capital. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la denuncia efectiva y ofrecer acompañamiento psicosocial y jurídico a quienes se vean afectados.
El proyecto contempla la creación de lineamientos específicos para la identificación y dar atención de los casos, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad. Entre los criterios clave se incluyen la verificación de los hechos, el enfoque diferencial en la atención de víctimas y la activación de rutas alternativas cuando la situación no corresponda estrictamente a un delito de extorsión.
Dentro de las medidas propuestas, se contempla la implementación de un equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que brindará atención presencial y facilitará la activación de la Ruta de Atención Psicosocial y Jurídica cuando sea necesario. Asimismo, se prevé el diseño de estrategias transitorias para mitigar el riesgo, tales como el análisis del nivel de amenaza, el acompañamiento policial en zonas afectadas y la orientación de las víctimas hacia las entidades encargadas de la investigación criminal, como la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional.
Además, el proyecto establece la realización de campañas pedagógicas en prevención y denuncia, con el fin de informar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante un caso de extorsión. Para ello, se desarrollará un documento informativo con recomendaciones prácticas, tales como evitar interactuar con los victimarios, registrar los detalles de la amenaza y comunicarse con las autoridades competentes.
La iniciativa también plantea la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, promoviendo alianzas estratégicas con la sociedad civil y la Cámara de Comercio, para mejorar la prevención y la asistencia a las víctimas.
Finalmente, el cumplimiento de este acuerdo será monitoreado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, que deberá presentar informes periódicos al Concejo de Bogotá para evaluar el impacto y la efectividad de las medidas implementadas.
“La extorsión afecta gravemente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, generando miedo e incertidumbre en comerciantes, empresarios y familias. Actualmente, en Bogotá al día se registran alrededor 5 casos nuevos de extorsión y solo en enero se presentaron 145 casos, lo que evidencia la urgencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades”. Señaló la concejala Quena.
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