Durante la discusión en plenaria del Proyecto de Acuerdo 265 denominado Plan de Rescate Social, la presidenta del Concejo de Bogotá, Mafe Rojas, anunció que apoya los elementos del proyecto enfocados a temas sociales, pero que votará negativo lo que implique trasladar recursos a Transmilenio.
Durante su intervención en la plenaria, la presidenta enfatizó en la magnitud del déficit que tiene el Sistema Integrado de Transporte Público, que es mayor al costo por el que se contrató el Regiotram de Occidente y enfatizó que tristemente, hasta ahora, el rescate social propiamente dicho ha tenido poco protagonismo en el debate.
Debemos mencionar la baja eficiencia económica del SITP y la necesidad de controlar la tarifa técnica, pues no es posible que tenga los mismos costos por kilómetro por usuario que los intermunicipales, por ejemplo. Durante el año 2020 la tarifa que se le pagó a los operadores por usuario del zonal fue de $7442 en promedio, por esto se necesita un plan de Transmilenio para controlar la tarifa técnica los próximos años. Cualquier esfuerzo que se haga para reducir el déficit no será suficiente si la tarifa técnica sigue subiendo sin control.
Durante 2018 y 2019, la ciudad tomó malas decisiones, se hizo mal un otrosí y una mala licitación para las fases I y II. “La ciudad puso mucho y los privados muy poco. Necesitamos el compromiso de Transmilenio para garantizar que esto no seguirá siendo un barril sin fondo, se debe plantear la modificación de los contratos o una salida viable a los mismos. En este proyecto se establece que la Administración debe buscar una mesa para concertar modificaciones a los contratos actuales. Pero esta negociación no puede ser a puerta cerrada entre Transmilenio y los operadores, sino que debe tener observadores de la ciudadanía y los entes de control”, enfatizó la presidenta.
Además, no puede ser que mientras piden aprobar recursos adicionales para Transmilenio, se siga castigando de forma desproporcionada a los pequeños transportadores, pues para adquirir sus buses, se sigue usando la tabla de precios de 2016 y desde ese momento, hasta ahora, el IPC ha subido alrededor del 19%.
Pero también se entiende que esta problemática de financiación del sistema de transporte no es exclusiva de Bogotá, casos similares se han visto en empresas como TransCaribe y TransMetro, este último ha dejado de operar parcialmente durante dos semanas por falta de recursos. En el ámbito internacional también ciudades como Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona o Nueva York han roto todos los records en los déficits de sus sistemas de transporte.
El Plan de Rescate Social generó en la ciudadanía mucha expectativa y en esa medida, la Administración debe ser mucho más clara con los recursos que traerán para ejecutar en 2022. La presidenta de la Corporación solicita a la administración unos compromisos de cara a lo que se viene para lo que resta de 2021 y lo que vendrá para 2022.
Frente al presupuesto que la Administración va a presentar en noviembre, es necesario que la Secretaría de Hacienda entregue un anexo específico en el que explique a detalle la inversión de esos recursos que restan del rescate social y qué se incluirá en el presupuesto de la vigencia 2022, pues esto debe estar orientado hacia las necesidades apremiantes de la ciudadanía, esta información debe ser pública.
“Hago esta solicitud porque no creo que el rescate sea un tema suelto, que básicamente resulte de sumar partes de presupuesto de algunas entidades. Un pedazo de aquí y otro pedazo de allá. El rescate debe tener un objetivo claro, unos efectos que se esperan conseguir, un diagnóstico y unas formas de medir su impacto” enfatizó la presidenta, quien además cuestionó la forma en que se determinaron los montos ya que, por ejemplo, no hay presupuesto de rescate para la Secretaría de la Mujer.
