El “Nuevo contrato social y ambiental para el Siglo XXI” que propuso la alcaldesa Claudia López, aquel que busca incrementar la inclusión social, productiva y política, no existe. Esto se evidencia en el presupuesto distrital, que sí refleja la ruptura de la relación de Bienestar y Garantías de Derechos entre el gobierno de la ciudad y los bogotanos.
La materialización de las propuestas y acuerdos sólo se puede llevar a cabo en la medida en que se les destinen recursos, y en el caso del Presupuesto Distrital 2022 se recauda, se contrae deuda y se asignan recursos especialmente para el rubro Movilidad y Transmilenio, pero la inversión para afianzar el contrato social y la agenda ambiental y cultural, se desatiende.
Además, este presupuesto sacrifica lo público para el beneficio económico de organizaciones privadas, especialmente del sector de las infraestructuras, desoyendo el estallido social generado por la situación de emergencia económica y aplazando una verdadera reactivación, incluso cuando son bien conocidas las desalentadoras cifras de desempleo e informalidad.
Comparado con 2019, el desempleo se mantiene con un aumento del 5.5%. Para el periodo octubre - diciembre de 2019, la Cámara de Comercio de Bogotá calculaba un desempleo del 9.9% (en el que las mujeres registraban un 11.1% y los jóvenes un 18.6%). Para junio - agosto de 2021, se registró un desempleo total de 16.1% (con un porcentaje de 23.4% para las mujeres y 18.4% para los jóvenes).
Aunque la informalidad en Bogotá se ha mantenido sobre el 40%, incluso se dio una reducción de la tasa respecto a 2019, esto no demuestra que exista más trabajo o mejor calidad de vida, sino que hay más personas desempleadas. Entonces, el crecimiento que se ha generado no se da a partir del trabajo formal y digno, sino del crecimiento de la informalidad y la precarización laboral.
El sacrificio de lo público
Entre los años 2017 y 2018, el alcalde Enrique Peñalosa adelantó la venta de 10.6% del Grupo Energía Bogotá (GEB), con la cual se recaudó $1,94 billones de pesos. De esta enajenación, quedó un remanente del 9.4% que la actual Alcaldía de Claudia López está interesada en vender y que reuniría alrededor de $2 billones de pesos.
Según el Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, estos recursos serían utilizados, en parte, para las obras de intervención vial: la Primera Línea de Metro para Bogotá (PLMB) Fase 2; Calle 13 y Cable San Cristóbal. Así, los activos de Bogotá se desdeñan y se venden, con supuestos objetivos colectivos pero con decididos fines infraestructurales.
Más inversión para infraestructuras, menos para el sector social
Del presupuesto para el 2022, la Secretaría de Hacienda obtiene la mayor inversión (un 33.5%), correspondiente a 8.1 billones de pesos. A esta entidad se le incrementa notablemente el presupuesto, con 66% más recursos para el año 2022, respecto a los recibidos en el año 2021.
De los 8.1 billones que tiene Hacienda en inversión, 3.1 billones (es decir un total del 38.3%) son asignados a las empresas de transporte masivo de la siguiente manera:
- 1.7 billones (56.6%) van para el Fondo de Estabilización Tarifaria (recursos que se reparten en un 2.3% para los incentivos del SISBEN, y en un 97.7% para el diferencial tarifario).
- 1.16 billones (37.4%) se asignan a infraestructura del SITP.
- 145 mil millones (4.7%), son para el Mejoramiento Institucional – SITP.
- Y apenas 39 mil millones, es decir un 1.25%, son para subsidios de transporte.
Ante esto, es importante considerar que la ciudad se enajena vía servicios y funcionalidad, y que una ciudad en la que prima la infraestructura, mas no la sociedad, sólo produce suelo a favor del mercado y la especulación. Si la inversión social baja, la desigualdad sube.
Por ejemplo, a pesar de que el Sector Cultural ha sido uno de los más afectados por el impacto socioeconómico de la pandemia por Covid-19, y por los mismos recortes presupuestales, se evidencia que en el Presupuesto Distrital para 2022 solo aumenta 3.19%; esta situación se repite con el sector Educación, que, al restarle la inversión en ATENEA, apenas varía el 2.49%, mientras desfinancia la inversión de la Universidad Distrital en más del 20%. Del total en Inversión en el Presupuesto para 2022 (24 billones de pesos), la inversión social ocupa apenas el 39.2%.
De ese segmento, a entidades claves para el sector cultural como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se le asigna sólo un 0,64% y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) apenas un 0,12%.
Inequidad presupuestal
Si bien para algunas entidades la inversión tuvo una variación de más del 30%, tales como la Contraloría (36.84%), la Veeduría (32.85%) o la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (61.4%), se nota un aumento mínimo para entidades relevantes para la recuperación socioeconómica, como la Secretaría de Integración Social (6.3%) o la Secretaría de la Mujer (5%).
Entretanto, en otras entidades hay recortes presupuestales incomprensibles:
- Reducción del 22% a la Caja de Vivienda Popular.
- Reducción del 8.35% al Fondo Financiero Distrital de Salud.
- Reducción de casi el 20% a la inversión de la Universidad Distrital.
Recortes para la Universidad Distrital, aportes para Atenea
En el segmento que corresponde a Inversión social, el porcentaje para el rubro Educación es del 22.06% (5 billones 375 mil pesos). Allí, se refleja un recorte del 20% para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mientras que a la Universidad Distrital se le asigna 24 mil 300 millones, a la Agencia Distrital Atenea, que resulta beneficiando a entidades educativas privadas, se le da una inversión de 533 millones de pesos. Así, se desfinancia a la Universidad Distrital en más de 6 mil millones de pesos.
Es necesario analizar que la recuperación no se impulsa exclusivamente a partir del componente económico, los indicadores económicos no necesariamente reflejan un mayor bienestar social. Los compromisos públicos de la inversión social, el respeto a los derechos ambientales o culturales, o un trabajo digno para mujeres y jóvenes de menores estratos, es clave para el goce efectivo del derecho a la ciudad, y el cumplimiento de las agendas y compromisos orientados a tal objetivo.
La conciencia de un gobierno se encuentra done pone su presupuesto, y es evidente que el sector social y las demandas de muchos bogotanos no son fundamentales, y sí las infraestructuras y el sostenimiento de los negocios leoninos.
El próximo año es menester continuar un efectivo control político en el marco de la oposición política al Gobierno de la Alcaldesa Claudia López, además de seguir ahondando en las propuestas e iniciativas de ciudad, donde las y los ciudadanos y sus territorios sean tenidos en cuenta y no solo sujetos de notificación.
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