Además de los recursos por $1,2 billones dirigidos al Fondo de Estabilización Tarifaria, que cubre la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa que se cobra a los usuarios del sistema de transporte, los rubros más importantes propuestos en este proyecto son los asignados al programa Bogotá Solidaria con $302.703 millones para incrementar el número de hogares pobres y vulnerables cubiertos por las transferencias monetarias. A la Secretaría de Integración Social se agregan $164.254 millones para proyectos como bonos canjeables por alimentos, ampliar atención en programas de primera infancia y las transferencias monetarias condicionadas para jóvenes.
En tercer lugar, se encuentra la adición propuesta a la Secretaría de Hábitat por $108.982 millones que se dirigiría a intervenir espacio público en medio del programa “Mejoramiento de barrios”, proyectos de cualificación urbanística con el fin de perseguir objetivos como la modificación de espacios públicos para reducir riesgos de violencia sexual y la entrega de más subsidios de vivienda. En Desarrollo Económico se plantea una adición por $31.320 millones para fortalecimiento empresarial y apoyo a emprendedores con un énfasis especial en poblaciones afectadas como mujeres y jóvenes.
En Educación se solicitan $29.667 millones para fortalecer el programa “Reto a la U” de créditos para educación superior que se complementaría con apoyos a sostenimiento. Se incluye también presupuesto para cubrir 5 mil jóvenes en el programa de certificación de competencias. En la Unidad de Mantenimiento Vial se solicitan $15.540 millones para ampliar las metas de mantenimiento y conservación de malla vial y ciclo – infraestructura. En el sector Ambiente se destinan $19.000 millones entre el Jardín Botánico y la Secretaría para el programa “Mujeres que Reverdecen” con el objetivo de capacitarlas e insertarlas en proyectos como los de agricultura urbana, mantenimiento de árboles, actividades en viveros y protección de la Estructura Ecológica Principal, entre otras.
Se adicionan también $3.000 millones para poner en marcha la agencia ATENEA (de educación superior creada en el plan de desarrollo), $3.627 millones de pesos en cultura para aportes de seguridad social de los gestores culturales y $210 millones en el IDPAC para fortalecer organizaciones juveniles. Para Catastro Distrital se solicitan $2.500 millones con el propósito de mejorar la infraestructura de datos de la entidad y la recolección de información económica para sus avalúos.
Por otro lado, según lo argumentado en el texto de la iniciativa, el sector financiero fue de los pocos con crecimiento considerable en 2020 (2,1% en Colombia y 2,2% en Bogotá) y, en esa medida, su nivel de tributación puede ser mayor. En el Acuerdo 780 de 2020 se había estipulado que su tarifa de ICA pasaría de 11,04 por mil en 2021 a 13,1 en 2024 de forma gradual. En este nuevo proyecto se quiere dejar esa tarifa en 15 por mil a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, es decir, desde 2021.
Se presentaron 3 ponencias para discusión en el trámite de este proyecto. Una negativa por parte de la concejal Ati Quigua y otras dos positivas con modificaciones que incluyen la propuesta de adicionar recursos a la Contraloría Distrital por $3 mil millones y a la Personería por $2 mil millones. También se propone eliminar la adición de $19 mil millones al sector Ambiente en su programa “Mujeres que reverdecen”. Es conveniente estudiar la conveniencia de esta eliminación. Considero que el proyecto es importante porque incluye, además de un subsidio a las mujeres vinculadas, una capacitación en temas ambientales que puede ser útil para su futura vinculación laboral o para generar su propio emprendimiento.
Una de las ponencias sugiere que el aumento de la tarifa del ICA para el sector financiero sea temporal y llegue a 14 por mil y no a 15 como propone el proyecto original. También sugiere que después de subir esa tarifa hasta 2026, en 2027 se reduzca a 13 por mil. La presidenta de la corporación considera inconveniente esta propuesta porque el sector financiero es siempre amplio beneficiario en la economía del país, sin importar siquiera circunstancias de crisis tan graves como las que vivimos actualmente. En esa medida, tanto el esquema tributario del país como el de Bogotá, están en mora de corregir la distorsión que se ha creado con ese sector. Además, los bancos y otras entidades financieras no pueden mover el cobro de sus servicios libremente. Deben sujetarse a topes establecidos por la regulación. En esa medida no podrán subir el valor de sus productos a causa del aumento de la tarifa de ICA que deben pagar.
Finalmente, vale decir que la importante adición de recursos que debe hacerse para darle sostenibilidad al FET es sin duda una muestra de la necesidad de replantear el modelo con el que viene funcionando el SITP. Si bien un sistema de transporte de calidad requiere subsidios del Estado, estos deberían impactar principalmente en temas clave como un valor de pasaje más justo ante las condiciones sociales de la ciudad, las tarifas diferenciales para población vulnerable, estudiantes, entre otros.
