Es crítica la situación de seguridad en Bogotá y mientras más respuestas se buscan para entender, y atacar el fenómeno, surgen más interrogantes para poner freno a uno de los problemas que afectan a la ciudadanía.
Parte de las preguntas están relacionadas con las falencias en la calidad de la información, lo que termina por afectar el control político, una de las tareas o una de las más importantes funciones de un concejal de la capital.
Un informe de la Personería de Bogotá del 23 de junio del 2022, sobre el sistema de cámaras de TRANSMILENIO presenta cifras que no coinciden con la respuesta remitida por la Secretaría de Seguridad, el 28 de junio, ni con información suministrada por la misma entidad, fechada el 23 del mismo mes. A pesar de que los datos se calcularon en la misma semana, nada coincide.
De acuerdo con la Personería, el sistema de cámaras del sistema de transporte masivo TRANSMILENIO cuenta aproximadamente con 31.755 cámaras, de las cuales solo 1.276 se encuentran conectadas al C4, es decir, solo el 4,2% de las cámaras están enlazadas con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.
Según la SECRETARIA DE SEGURIDAD hay 1.318 cámaras de Transmilenio conectadas al C4, y en un informe publicado el 23 de junio de este año en la página de Transmilenio, se dice que el sistema tiene 1.363 cámaras.
Entonces, ¿1.276, 1.318 ó 1.363?
Menos del 5 por ciento de estos recursos de videovigilancia sirven para hacer inteligencia, seguimiento y ayudar en la judicialización de los detenidos. Suficiente tenemos con situación en las calles, donde el robo, el raponazo, el atraco y el fleteo hacen parte del día de los ciudadanos que exigen un rápido y contundente accionar de las autoridades. Señores Secretaría de Seguridad, ¿cuál es la cifra real, en el inventario de las cámaras de la ciudad?
Tener menos cámaras en operación es directamente proporcional al incremento de los delitos en el sistema de transporte masivo. Según datos de la Policía Nacional, en el año 2022, los hechos delincuenciales aumentaron 53,2% respecto al año 2021.
Reitero mi llamado a la Administración para habilitar efectiva y eficientemente esta herramienta poderosa para investigar, judicializar y/o desarticular las estructuras criminales que delinquen en el transporte público. Darles un uso a estas cámaras es relevante para el esclarecimiento de los hechos y para que no se desperdicien recursos públicos con trámites engorrosos que limiten la denuncia.
La seguridad requiere el fortalecimiento de la judicialización para garantizar que los hechos delictivos no sean reiterativos, ya que lamentablemente le permite a la delincuencia contar con una puerta giratoria. Ya es hora de que Bogotá cuente con la capacidad, experticia y eficiencia en el manejo de estos recursos y la convierten en una verdadera ciudad inteligente.
Concejal de Bogotá
