Sin duda, hay decenas de sectores duramente golpeados por la pandemia, es muy difícil decir cuál más que otro, pero uno de los sectores que menos cobertura mediática ha tenido, pero que carga con un impacto enorme es el del sector del transporte escolar, el llamado transporte especial en general.
Ante esto, la presidenta del Concejo de Bogotá, María Fernanda Rojas, expresa su preocupación pues la principal fuente de ingresos de este gremio es el transporte de niños y jóvenes a su lugar de estudio, actividad que no se realiza desde marzo de 2020, y el servicio turístico, que también se ha visto seriamente afectado por las restricciones. El transporte escolar y especial han estados prácticamente paralizados durante más de 12 meses, dejando a muchos propietarios con infinidad de deudas y un futuro incierto.
En marzo de 2020 la totalidad de los colegios a nivel nacional pasaron a dar clases de forma virtual y el turismo prácticamente se paralizó, con un agravante y es que no se dimensionaba en ese momento el tiempo que pasaría para que se comenzara a reactivar la economía nuevamente y cuántos meses tendríamos esta situación. Por supuesto los padres de familia dejaron de pagar por un servicio que no recibían, pero pasan los meses y los sectores no se reactivan, la situación se vuelve crítica para los sectores que llevan más de un año sin ingresos y sin ayudas del gobierno.
Sin duda, la mejor forma de ayudar a estos, y en general a todos los sectores que se han visto afectados, es poniéndole el acelerador a la vacunación, el país debería por lo menos cuadruplicar la cantidad de dosis que aplica diariamente de manera sostenida. Sin embargo, mientras eso ocurre, este sector de transporte especial necesita algún tipo de ayuda que debería otorgar la nación, pues mientras una buena parte de los subsidios a los salarios se lo llevaron las grandes empresas que tenían capacidad de afrontar la pandemia sin apoyos, las pequeñas empresas quedaron a su suerte.
Se estima que en el país hay más de 100 mil vehículos de transporte especial, casi 200 mil familias dependen en alguna medida de este negocio, que, además, cuenta con alrededor de 1700 empresas, en un modelo obsoleto donde estas empresas terminan siendo generalmente un intermediario que solo encarece el servicio pero que no aporta ni da ningún beneficio a este. Es necesario hacer cambios a este modelo en el que las empresas ni aportan, ni asumen responsabilidades, pero si hacen cobros a los propietarios de los vehículos.
Como si fuera poco, este sector tendrá un desafío adicional una vez pase la pandemia, su reactivación será especialmente complicada, con deudas en bancos sobre sus vehículos, SOAT, seguros adicionales y pagos pendientes con las empresas. El Ministerio de Transporte debe entender que este es un problema de índole nacional y que solo desde el gobierno Nacional pueden hacer las reformas y dar las ayudas requeridas para que este sector pueda despegar nuevamente.
