En el debate –que seguirá en los próximos días– la concejala retomó algunas de las conclusiones de la Comisión de la Verdad que en su informe ‘Resistir no es aguantar: Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia’, sostiene que el país ha sido construido sobre relaciones basadas en el “trato colonial y en un racismo estructural que buscan justificar el despojo, el exterminio y la negación de la existencia de los pueblos étnicos como colectivo y como pueblos”.
Entre las recomendaciones sobre los pueblos étnicos que hizo la Comisión de la Verdad en su informe final está un tema del que poco se habla: la creación de un programa para excombatientes de pueblos étnicos que garantice la la reincorporación con enfoque diferencial, de género y étnico, con acceso a tierras para vivienda y proyectos productivos.
Para Gómez, esta dinámica de violencia contra los pueblos étnicos tiene características particulares cuando se trasladan a los centros urbanos, donde la atención de las instituciones cumple un rol fundamental en la garantía de sus derechos, pues ante el desplazamiento y la precarización se acentúa su condición de población vulnerable.
En su intervención, Gómez retomó de la Comisión de la Verdad el reto que planteó esa entidad en su informe final sobre la inserción de comunidades indígenas en entornos urbanos, donde son más vulnerables a la delincuencia, trata de personas, mendicidad, violencia sexual, entre otras amenazas. “Las ciudades revictimizan y afectan de manera dramática la calidad de vida y la salud mental de las poblaciones indígenas”.
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