Los graves problemas de seguridad que enfrenta Bogotá y el déficit de cerca de 9.000 policías y 2.500 motos, motivaron a la concejal Marisol Gómez Giraldo a proponer un proyecto de acuerdo para que los concejales renuncien a los policías motorizados que los escoltan y éstos se destinen a crear una unidad de reacción inmediata para el sistema de transporte.
“El proyecto de acuerdo ya está radicado y estoy segura de que mis colegas van a ser solidarios con las necesidades de seguridad de los millones de bogotanos que todos los días usan TransMilenio”.
La concejal de Bogotá Para la Gente informó que actualmente, adicional a los dos policías con los que cuenta cada concejal, la Unidad Nacional de Protección también presta seguridad a estos servidores públicos.
Explicó que no se trata de que los concejales que tengan riesgos queden desprotegidos, sino que sea la UNP la que asuma esta labor, y no la Policía.
Agregó que desde 2015 existe el decreto ley 1066, que estipula cuáles son los servidores que en virtud del cargo necesitan protección y, entre ellos, no están los concejales.
“Es indolente con la ciudad que en el estacionamiento del Concejo permanezcan decenas motos de la Policía parqueadas, mientras en las calles se necesitan esos vehículos para proteger a los ciudadanos”, enfatizó Gómez.
Un documento interno de la Policía Metropolitana de Bogotá evidencia que en promedio en la capital del país cada 12 minutos un usuario del sistema de transporte público denuncia un robo ante la Fiscalía, a lo que hay que agregar los casos que no se reportan ante las autoridades.
“Mientras logramos que el Gobierno Nacional destine más policías para Bogotá, es necesario usar de manera más eficiente el pie de fuerza pues apenas tenemos 193 policías por cada 100 mil habitantes, un 40% menos de los que recomienda la Organización de Naciones Unidas, según la cual deberíamos contar con 320 uniformados por cada 100 mil habitantes”, puntualizó la concejal.
