Gómez preguntó por qué a la Contraloría Distrital no le alcanza el presupuesto más alto en los últimos cuatro años (casi $179.000 millones) ni le alcanzaron los $3.000 millones que le adicionaron el año pasado en el proyecto de Rescate Social y que se gastó mayoritariamente en burocracia. Y ahora, según lo aprobó en primer debate la Comisión de Hacienda del Concejo, tendrá 5 mil millones de pesos más.
“La Contraloría de Bogotá se sale con la suya y la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá cierra largo debate sobre burocracia y clientelismo en esa entidad aprobándole otros $5.000 millones. Sin conciencia no hay chance de cambio”, aseguró la concejal del Nuevo Liberalismo.
A pesar de que más de 10 concejales apoyaron la propuesta que hizo la concejal Marisol Gómez para que tanto el personero Julián Pinilla Malagón como el contralor Julián Ruiz –como lo hacen las cabezas de otras dependencias que reciben recursos públicos– explicaran a los concejales las razones por las que piden más recursos en el proyecto de acuerdo de adición presupuestal que presentó la Alcaldía Distrital al Concejo, ninguno de los dos funcionarios se presentó al Concejo. Ninguno de los funcionarios asistió al Concejo y enviaron a subalternos.
“La Contraloría Distrital solicitó más plata aduciendo que le hace falta personal para sus labores de auditoría, pero no nos ha dicho por qué el presupuesto asignado no le alcanza”, dijo Gómez, quien recordó que en agosto del año pasado ella y otros 15 concejales votaron no a la adición de $3.000 millones que les incluyeron en el proyecto de Rescate Social “porque no entendíamos qué tenía que ver el Rescate Social con esa plata para la Contraloría. ¿Y en qué se la gastaron? Más del 90% de la plata ($2.750 millones), se fue en 169 contratos de prestación de servicios”, dijo la concejal del Nuevo Liberalismo, quien preguntó por qué no le alcanza a esta entidad el presupuesto más alto en los últimos cuatro años (casi 179 mil millones).
Gómez considera inquietante que el contralor Julián Ruiz haya llevado de coequipero de su gestión a Juan Carlos Gualdrón, quien estaría involucrado en el saqueo a los recursos de la paz. Gualdrón fue nombrado por Ruiz para hacerle vigilancia y control fiscal a la UAESP en el preciso momento en que esta entidad tiene un pleito con el Consorcio Gerenciamiento de Residuos (CGR), cuyos accionistas tienen relación con funcionarios de la Contraloría General.
Gómez también le reclamó a la Personería de Bogotá que a través de un derecho de petición que ella envió en marzo de este año para conocer en qué habían destinado los $2.000 millones que le dieron el año pasado también en el proyecto de Rescate Social, la entidad solo entregó información de 800 millones de pesos.
Gómez y los concejales Diego Laserna, Ana Teresa Bernal, Martín Rivera, Diego Cancino, Luis Carlos Leal, María Fernanda Rojas y Manuel Sarmiento propusieron que de la plata para los entes de control se redireccionaran $1.000 millones para fortalecer el cuidado y reverdecimiento de los canales como corredores ambientales, a cargo de la Secretaría de Ambiente. Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada.
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