La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que acaba de declarar que las garantías de seguridad que contemplaba el Acuerdo de Paz para los excombatientes de las Farc son hoy "un estado de cosas inconstitucional", ratifica que el gobierno del presidente Iván Duque menospreció el hecho de que el cumplimiento de este acuerdo era “una obligación suya como jefe de Estado, no una opción, porque siempre ignoró el hecho de que el pacto de paz fue un pacto con el Estado”. Así lo expresó la concejala Marisol Gómez Giraldo, al analizar el fallo del alto tribunal, conocido el pasado jueves.
La Corte utiliza la figura de “Estado de Cosas Inconstitucional” cuando considera que a un grupo representativo de personas le están vulnerando de forma masiva y generalizada varios derechos constitucionales. Y para el caso del Acuerdo de Paz, la Corte tomó la decisión luego de estudiar cinco tutelas interpuestas por excombatientes de Nariño y Guaviare. Desde que se firmó el Acuerdo, han sido asesinados 303 excombatientes, según cifras de la ONU.
“Lo que demuestra el fallo del alto tribunal, peor aún, es que para este gobierno no fue importante proteger la vida de los firmantes de la paz. Se pregunta uno si es que los sigue considerando ilegales porque fueron guerrilleros, pues en esa oposición ciega a la paz con las Farc hasta le cambió el nombre a la tarea de cumplir los acuerdos, al llamarla “paz con legalidad”, como si lo acordado en la exguerrilla no fuera legal”, sostuvo la periodista y concejal de Bogotá.
Gómez, quien durante más de 25 años de carrera en el periódico El Tiempo, cubrió el conflicto armado y temas como narcotráfico y crimen organizado, siguió de cerca varios procesos de paz, entre ellos el que puso fin a 52 años de guerra con la exguerrilla de las Farc.
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