La concejala hizo hoy estas reflexiones en el marco del debate del nuevo Estatuto de Valorización del Distrito, una propuesta con la que la Administración busca actualizar las reglas para el cobro de un gravamen seriamente desprestigiado. Gómez recordó que el Distrito ha incumplido reiteradamente con la entrega de las obras financiadas mediante los Acuerdos de Valorización desde 2005 y puso como ejemplo el más reciente, el de 2018. Según datos del propio Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de las 16 obras que se les cobraron a los bogotanos en virtud de ese acuerdo sólo se ha entregado una hasta ahora: el ciclopuente del Canal Molinos.
La concejala se mostró satisfecha por el hecho de que sus denuncias –y las de otros concejales– sobre los incumplimientos y retrasos en la entrega de las obras por valorización hayan llevado a la Administración a proponer un proyecto cuyo “corazón” es el momento en el que los ciudadanos deben pagar su contribución. “Yo había propuesto que el cobro se armonizara con el avance de la obra, pero después de las reuniones de trabajo que tuvimos con el Distrito entendí que esto era costoso para la Administración. No obstante, considero que cobrar sólo cuando la obra esté en un avance del 50% –que es lo que propone hoy la Alcaldía– tiene sentido”, desatacó.
Gómez explicó que esta iniciativa podría contribuir a poner en cintura a los contratistas para que sean eficaces en la ejecución. “Yo me di a la tarea de buscar los antecedentes de los contratistas de varias de esas obras y descubrí que habían sido sancionados, que habían incumplido y que habían entregado obras de mala calidad en otras ciudades del país”, recordó. En este sentido, la concejala resaltó también que la alcaldesa Claudia López esté impulsando un proyecto en el Congreso para reformar la ley de contratación estatal, con el fin de evitar que contratistas sancionados o con antecedentes de incumplimiento puedan presentarse a las licitaciones y ganarse contratos, como ha ocurrido con las obras de valorización en Bogotá.
Pese a reconocer las bondades del proyecto de la Administración, Gómez criticó que la iniciativa contemple un descuento de hasta un 10% en el cobro de valorización para los dueños de los locales de uso comercial ubicados frente a las obras, un alivio que saldría del bolsillo de los vecinos residenciales. “La polisombra supone un grave daño para la economía de un comerciante y más cuando la obra se atrasa o tiene suspensiones, pero lo que el Distrito no les ha contado ni al Concejo ni a los ciudadanos es que lo que no pagan los comerciantes por descuento lo deben cubrir los vecinos”.
Gómez aclaró que no está en desacuerdo con que se indemnice de alguna manera a los comerciantes afectados por las obras, pero señaló que el valor de esta indemnización debería ser asumido por el Distrito o por los contratistas incumplidos. “Cobrarles ese descuento a los vecinos residenciales me parece un exabrupto”, concluyó.
¿
Contacto de prensa: Glemis Mogollón Vergara, 3153728652
