Hoy en marco del debate del congreso sobre el hospital San Juan de Dios, la Concejala Susana Muhamad anunció la ampliación de la queja disciplinaria a la Procuraduría e indicó que con instrumentos jurídicos adicionales se hará frente al contrato que se firmó entre la empresa Copasa y la Red Centro Oriente de la administración de Claudia López para la demolición, diseño, construcción y operación del hospital San Juan de Dios.
Se encontró que están haciendo pasar este proceso como un contrato de obra pública que se entregó por licitación cuando la realidad deja ver que es una concesión, esto significa que el Estado le entregó a un particular la administración y mantenimiento de un bien público, el hospital.
Copasa tiene la responsabilidad de asumir los riesgos y servicios varios como la cafetería, el aseo, la compra y mantenimiento de todos los servicios médicos, pago de servicios públicos, desinfección de las instalaciones y otras obligaciones, lo que ante la ley es viable en la figura de concesiones a privados, pero el problema es que el contrato firmado se paso de forma engañosa como una obra pública cuando esta herramienta de concesión que fue asignada a Copasa debía ser autorizada por el Concejo de Bogotá.
Y luego de la revisión de los estudios financieros no se encuentra explicación alguna sobre por qué es más beneficioso entregarle 98 mil millones de pesos a Copasa, a que el mismo hospital se encargara de todo el proceso de mantenimiento y operación.
Es claro, al demostrar que es una concesión nombrada como obra pública y que no pasó por el Concejo de la ciudad, que se está violando la transparencia y la moralidad pública y que esto podría traer consecuencias disciplinarias. Y que además se evade el control político y la discusión democrática.
“ Estamos convencidos que ante un juez, se puede lograr la anulación total del contrato por no haber cumplido con requisitos previos que no se debían pasar por alto, estamos convencidos que el contrato entre Copasa y la Red Centro Oriente es un contrato ilegal que afecta la moralidad pública y la transparencia, y que además, va en contra de un bien de interés cultural como la torre central del San Juan de Dios convertida en patrimonio de acuerdo a los estudios técnicos de la Universidad Nacional y que hoy quieren demoler”.
