Aunque el Decreto 485 de 2011, por el cual se adopta el Plan Distrital del Agua, recoge elementos fundamentales para la gestión del agua, la evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos en el marco del decenio es preocupante. En debate de control político, la concejala Ati Quigua, vocera de Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, manifestó a las entidades citadas y ciudadanía en general, entre las cuales se encuentran la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B), Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Jardín Botánico alarmantes interrogantes en cuanto al manejo y gestión del agua en estos diez años de transcurridos del Plan Distrital del Agua en sus siglas PDA.
En principio, el PDA supone seis estrategias encaminadas a la gestión de este recurso, a saber: la planeación integral y regional, herramientas de seguimiento, control y monitoreo, derecho al agua de los niños y jóvenes, responsabilidad social y cultural del agua, gestión del riesgo y el mínimo vital. Al respecto, inquieta que el cumplimiento de dichas estrategias es inferior del 50%, e incluso, para algunas en entidades el porcentaje de cumplimiento por año es de 0%. Además, se evidenció que el porcentaje de ejecución es mayor en los últimos 3 años, y casi nulo en los primeros años; solo a partir del período 2017-2018 la Administración Distrital define una estrategia de seguimiento a la implementación de las acciones, programas y estrategias del PDA.
En este sentido, se le exige a la administración emitir un concepto a la ciudadanía en general frente al porcentaje de ejecución del Plan Distrital de Agua durante su vigencia en los últimos 10 años. (Lea: Inicia el cumplimiento del Mínimo Vital De Agua Gratuito.)
Tanto el incumplimiento de dicho plan como la carencia de un seguimiento en la ejecución de este, pone de manifiesto la incompetencia de la administración, que se sustenta en la concepción marginal y de servicio sobre al agua, la noción de usuario o suscriptor al que se reduce el habitante, así como en el planteamiento corporativo de la gestión bajo al esquema de mercantilización y privatización del agua instaurado en la Ley 142 de 1994.
Uno de los puntos medulares de la impericia de la administración en este plan es la inoperatividad a la garantía del derecho fundamental al agua especialmente en estratos 1 y 2. El PDA, define el cumplimiento del mínimo vital como derecho a 6 metros cúbicos mensuales de agua potable a los estratos 1 y 2 de uso residencial y mixto de la ciudad, fundamentado en el Decreto 485 de 2011 y modificando parcialmente el Decreto 064 de 2012.
Contrastando la información suministrada por las entidades, para el año 2017 hubo un total de 759.915 beneficiarios, en el 2018 se beneficiaron 744.803 (es decir 15.112 suscriptores menos que en el 2017), aunque la inversión fue mucho mayor en el 2018 ($ 65.700,73). Una diferencia de $57.995.89 respecto al 2017. Es decir: mayor inversión para menos beneficiarios. A la vez, desde el 2012 hasta el 2020, el aumento de beneficiarios del mínimo vital fue de 14.680, una cifra muy reducida si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento anual de Bogotá es de 1,7%, el equivalente aproximado a 150.000 habitantes, siendo las de mayor crecimiento las localidades con más informalidad. Lo anterior demuestra que, contrario a disminuir (como ocurrió entre 2017 y 2018), el número de beneficiarios del mínimo vital debería aumentar en consideración con el crecimiento vegetativo y migrante de la ciudad, y la inversión debe aumentar simultáneamente. (Lea: Servicios públicos: el tránsito de usuarios a habitantes)
Las entidades citadas demuestran que los índices de gestión de las estrategias se han hecho solo a partir del año 2017, lo que corrobora la ausencia y la limitada información de seguimiento al PDA en los años anteriores sin mostrar unos indicadores claros. A pesar de lo anterior, la Secretaria Distrital de Ambiente, concluye con un resultado de avance general del PDA sobre un 68%. No obstante, queda la incógnita de ¿cómo determinan un porcentaje tan alto a partir de la falta de información y seguimiento?
Bogotá no puede ser regresiva con una conquista social de la ciudadanía desde el 2008 como lo es el referendo por el agua, que consagra el agua potable como derecho fundamental.
Lo que reclamamos es que parte de la cualificación de la aplicación del mínimo vital debe trascender el estrato socioeconómico como referente único de asignación. Esto teniendo en cuenta el grado de ocupación informal en la ciudad, en la que muchos barrios ni siquiera cuentan con el suministro de agua potable, así como las consecuencias sociales de fenómenos emergentes como ha ocurrido con el COVID-19.
Por otra parte, en lo que respecta a la llamada ‘integración regional', nos encontramos contradictoriamente ante la invidencia regional de la administración que se sintetiza en la colosal deuda sociocultural y ambiental que hoy tiene Bogotá con la región: no se ve el desarrollo en política social en favor de la ciudadanía ni de la preservación de los ecosistemas. Como prueba de ello, el 80% del agua que hoy consume Bogotá es importada de la cuenca del Orinoco, donde inicia su viaje, que luego se descompone en las áreas industriales y residenciales de la ciudad, vertiéndose de la manera más fétida en el río Bogotá. Para empeorar la situación, de llevarse a cabo el proyecto “La Playa" o “Chingaza II”, conduciría a la pérdida de biodiversidad y afecciones a la estructura hídrica y ambiental de la cuenca del Río Guatiquía. Resultado: el aporte a la integración regional. (Lea: Un llamado en el día mundial del agua).
En efecto, la llamada propuesta de descontaminación del Río Bogotá que hace la administración se ve reducida a la implementación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), las cuales demandan altos gastos para garantizar su funcionamiento, ampliación y optimización. Lo que implica que hoy en día el llamado plan de descontaminación del río Bogotá ‘incluye’ a costa de todos los bogotanos que, ¡por supuesto! tendremos que pagar el incremento en la tarifa del servicio.
En consonancia, la visión de algunos ciudadanos sobre la gestión del agua en el marco del PDA, deja de manifiesto la inconformidad. El presidente nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, Humberto Polo, aduce que la gestión de la entidad se ha dedicado a administrar y estructurar contratos como la PTAR Canoas y Salitre y emitir bonos verdes, dedicado a los asuntos financieros, y ha olvidado preservar las cuencas hídricas y páramos de donde proviene el agua. Del mismo modo, Libardo López, presidente de la Red Territorial de Acueductos Comunitarios (RETACO) re refirió a la gestión de la administración sobre los acueductos comunitarios bajo la noción del control de los acueductos comunitarios mediante la institucionalización y la corporatización.
Por lo tanto, creemos que la relación que tiene una sociedad con el agua determina no sólo su relación con la naturaleza, sino entre los seres humanos que la integran. En ese marco, la sola garantía del consumo de agua fortalece la mirada sectorial que sustenta la valoración del ciudadano como usuario, no como habitante. Que es la condición que reclamamos como centro de un nuevo modelo de gestión del agua.
En consecuencia, Bogotá no se puede quedar sin una herramienta de gestión hídrica como es el Plan Distrital del Agua. Este, al contrario, para no repetir los errores del pasado, se debe entender en clave de gobernanza, en donde el territorio se integre a la gestión, en donde el agua supere la condición de servicio y el habitante de cliente. En ese contexto, esperamos un modelo de gestión hídrica orientado, no a gobernar el agua, sino los ciclos naturales del agua, y las actividades y formas de ocupación que se realizan en el territorio, en un marco biocultural.
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